Tribunales: Una causa que sigue ardiendo

2019-02-20 - 17:03:30 | Se abrieron nuevas instancias con fuerte apoyo colegiado nacional


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Se abrieron nuevas instancias con fuerte apoyo colegiado nacional
Vivimos en sociedades en movimiento, en las que el recurso a la calle es elegido por muy diversos actores en cuanto  a edad, educación, filiación ideológica y experiencia política de los indignados alertando contra el peligro de que se afirme una nueva doctrina de penalización de las movilizaciones.

Nos preguntamos por los vínculos de la protesta callejera, la crisis de representación, así como por las formas de interpelación directa de los responsables políticos.
Desde el Mayo francés de 1968 venimos con las manifestaciones callejeras. El 4 de Diciembre de 2018 se cumplieron 12 años de la “pueblada de Corral de Bustos” (4 Diciembre 2006), que terminó con el incendio de la sede judicial.
 
Mucho camino se ha recorrido, y mucho  más aún queda por recorrer. La misma tarde de los acontecimientos, un comunicado del Colegio de Abogados de delegación Corral de Bustos, expresaba que no atenderían profesionalmente a ninguno de los ciudadanos que habían participado de la manifestación, actuando en contra de lo establecido por la Constitución nacional y la Constitución provincial …toda persona es inocente hasta que no sea declarada culpable.
 
La propia colegiación de abogados actuó en contra de la manda judicial del principio de inocencia. Esa misma tarde el por entonces presidente del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba firmó un acta acuerdo en la Municipalidad donde se aclaraba que ninguna de las persona que había participado de la manifestación serían sancionadas.
 
El original de esa acta quedó en poder del cura párroco, por cierto, que jamás entregó dicha acta y si señalo a vecinos que debían quedar detenidos y quienes  debían seguir en libertad.
 
EL JUICIO
 
Como los manifestantes eran personas en su mayoría sin antecedentes penales, se les imputó el grave delito de FABRICACIÓN DE BOMBAS que tiene una pena de entre cinco y quince años de prisión, pero como dice el dicho “el diablo hace las ollas, pero no las tapas”, el delito de fabricación de bombas es de JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA FEDERAL.
 
No obstante ello, los integrantes del Poder Judicial de Córdoba encarcelaron y sobreseyeron a vecinos por hechos que no tenían jurisdicción y competencia, harto sabido y probado en un mamarrachesco juicio penal realizado en la Cámara del Crimen de la ciudad de Bell Ville que duró un año, en contra de los vecinos.

Un tribunal penal integrado por tres jueces, uno de ellos laboralista y otro civilista que sufrió severos llamados de atención por parte del Tribunal Superior de Justicia por su actuación como juez (Juicio. Grasso de Boetsch Angela y otra c/Moyano de Volant, María, publicado en la Ley de Córdoba año 1992 páginas 24/25) aplicaron gravísimas condenas a los inocentes sentados en el banquillo de los acusados, incluso dos de ellos se llevaron en sus espaldas la severa condena de siete años de prisión por el mismo hecho del cual ya habían sido sobreseídos, es decir, se los juzgo dos veces por el mismo hecho. Falta aún por acreditarse:
 
Quien encendió la cerilla fosfórica con que se produjo el incendio, porque no se valoró al momento de sentenciar un informe pericial ígneo que no fue impugnado por el fiscal de Cámara, por el Tribunal ni por ningún imputado, en que el incendio se se había producido por un cortocircuito eléctrico. Ni una palabra sobre el dictamen pericial ígneo incorporado legítimamente a la causa.
 
Empleados de tribunales y de la Policía Judicial que torturaron a vecinos para obtener declaraciones falsas, un fiscal de Cámara denunciado  penalmente y con pedido de destitución por acusar con pruebas falsas y por una relación amorosa con una testigo, con varios familiares imputados, se investigó y juzgó a vecinos que estaban fuera del edificio de Tribunales cuando salía humo del mismo con las ventanas herméticamente cerradas.
¿Porque no se investigó a los que estaban dentro del edificio?, ¿Quién ordenó la demolición del edificio antes del juicio?
 
NÚMEROS
 
Según la declamación del Fiscal de Cámara al momento de realizar su alegato, la Provincia pagó $ 420.000 al propietario del inmueble incendiado. Por supuesto que ninguna prueba acompañó al respecto, cuando era sabido que el inmueble no valía más de $ 200.000. La pregunta es obvia: ¿Qué pasó con los $ 220.000 que se pagaron de más. Nada se investigó.
 
Y ni que hablar cuando estaban los inocentes presos en el Establecimiento Penitenciario Nª 5 de Villa Maria. Uno de los detenidos apuñalado en enfermería, otro sometido a cirugía en la que se le extrajo un tumor maligno sin biopsia.Los encarcelaron en el pabellón de condenados en vez de estar en uno de procesados, se les impedía ir a los actos, a cantar el Himno nacional.
 
Pero si algo mejoró en Corral de Bustos, el juez sustituto trucho que había sido designado por el Poder Judicial, reconoció ante los jueces de la Cámara Criminal de Bell Ville que había sido aplazado en el examen ante el Consejo de Magistratura como juez de Competencia Múltiple, y era tan trucho que cuando renunció como juez, fue degradado y trabaja como empleado del Poder Judicial en la ciudad de Oliva, eso sí, con un sueldo de $ 100.000.
 
Así  los ciudadanos de Corral de Bustos pusieron sobre el tapete y sacaron a la luz la delegación de funciones del Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial para que designe jueces, lo que era absolutamente inconstitucional e insanablemente nulo (Art. 13 constitución provincial).
La Legislatura de acuerdo para la designación de jueces (Art. 104 – Inc. 42, Constitución Provincial) y quien los designa es el Poder Ejecutivo (Art. 144 – Inc. 9 Constitución provincial), pero he qué aquí que el juez sustituto de Corral de Bustos aplazado en el Consejo de la Magistratura fue designado única y exclusivamente por el Poder Judicial.
 
De ahí que el pedido de destitución realizado por el vecino Héctor Osvaldo Romani en contra del juez trucho no iba a prosperar, porque no era juez, y por cierto que Romani también estuvo privado de la libertad por graves acusaciones de los empleados del Tribunal de Corral de Bustos que había participado de la pueblada dañando el edificio de tribunales, etc…etc…etc…
 
Cuando la verdad es que Héctor Osvaldo Romani estaba trabajando como  camionero en puerto Cargill muy cercano a la ciudad de Rosario –distante 200 km. del lugar de los hechos.
 
Frente a las falsas y mentirosas declaraciones de los empleados de Tribunales conoció la prisión. Al ser denunciados los empleados del Poder Judicial por sus falsos testimonios, la denuncia fue rechazada, porque los mismos estaban en estado de zozobra al momento de declarar en sede judicial. Dicho estado les duró más de tres meses, hasta que ratificaron sus falsos y mentirosos dichos ante el fiscal de instrucción.
 
Hoy, pasean por la misma vereda empleados judiciales y policiales torturadores, mentirosos en juicio en contra de imputados inocentes, quienes injustamente conocieron la prisión, por hechos que no cometieron.
 
Al momento de dictarse el veredicto los inocentes ciudadanos ya sabían que irían a prisión, ninguno se dio a la fuga, estuvieron siempre presente junto al pueblo. La sentencia se dictó el día lunes 12 de Septiembre de 2011.
 
El jueves anterior (8 de Septiembre de 2011) ya sabían los vecinos que se había hecho lugar en el Pabellón Nº 9 de la cárcel de Villa Maria para 6 nuevos internos que llegarían de la ciudad de Bell Ville.
 
No fue sorpresa el veredicto. Los jueces satisfechos, habían cumplido de sobra con su obligación cívica de condenar al pueblo.
La pesadilla recién comenzaba para los que ejercieron  una cacería indiscriminada y sin sentido alguno en contra de los vecinos de Corral de Bustos. Hasta el día de hoy la causa del incendio del Tribunal de Corral de Bustos no está prescripta y sigue ardiendo.

Se están tramitando recursos ante la Cámara del Crimen de la ciudad de San Francisco planteando la nulidad de todo lo actuado, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Naciones Unidas, además de estar pendiente de resolución una denuncia en la Justicia Federal de la ciudad de Bell Ville por el grave delito de Lesa Humanidad.
 
Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina
Eduardo Soares
Presidente
Matrícula T 26 – F 156
Colegio Profesional de Abogados de la Capital Federal




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